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Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones. Requerir a los contribuyentes, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Practicar visitas a los contribuyentes y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

En su origen y características, también son facultades regladas, pero cuando el ejercicio de una potestad incluye el carácter de discrecionalidad, el servidor público no incurre en responsabilidad si emite o no lo hace algún acto potestativo o si concede o no, un beneficio a los particulares, aun cuando de emitir un acto debe cumplir los requisitos de legalidad, motivando y fundado sus facultades y el sentido o causa de una resolución o mandato.

FACULTADES DE COMPROBACIÓN El CFF en su artículo 42 menciona en forma general lo siguiente: “Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales para: I.

Explicar las disposiciones fiscales en un lenguaje llano, elaborar y distribuir folletos. Mantener oficinas en territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes. Elaborar los formularios de declaración que puedan ser llenados fácilmente. Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa contra las resoluciones de las autoridades fiscales. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general.

Las facultades de las autoridades pueden ser clasificadas en: La facultad reglada que se ejerce debe observar las disposiciones aplicables, es decir; actúa por ministerio o imperio de la ley, por lo que la autoridad no se conduce a su libre arbitrio, sino por lo que dispone la ley, cuyo incumplimiento puede producir desde la ilegalidad de sus actuaciones hasta la aplicación de sanciones en vía de responsabilidad del servidor público.

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En cuanto al cargo público, la persona que emita la orden de visita domiciliaria, así como el personal que intervenga en el desarrollo de la misma, deberán contar con el cargo respectivo debiendo además estar sustentado en la norma jurídica y previendo expresamente las facultades correspondientes; para tales efectos también estaremos a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ordenamiento que prevé los supuestos o cargos del personal adscrito a dicho órgano desconcentrado. FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO La fundamentación y motivación es un requisito exigido a todos los actos de las autoridades que dentro de su ámbito de competencia deben respetar y cumplir; es decir, sólo podrán actuar bajo lo expresamente permitido, delimitación que surge a través de los preceptos normativos aplicables al caso en concreto. LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO DICHO ACTO O VISITA Dentro de los requisitos que señala la Constitución para la visita domiciliaria, se encuentran los previstos para los cateos, con lo que las autoridades deberán indicar en forma específica el lugar o lugares a revisarse, a partir del domicilio fiscal señalado por el contribuyente, o su domicilio personal y, en su caso, respecto de sus locales o sucursales. SEÑALAR A LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE Acatando lo señalado por nuestra Constitución Política, en relación con los cateos y en el que resulta un vínculo directo con la visita domiciliaria, la autoridad fiscal deberá señalar expresamente a quién va dirigida la orden de visita. Desvirtuamiento de los hechos consignados imputaciones por los visitadores, mediante el escrito de aclaraciones y ofrecimiento de pruebas.

Esto debido a que la visita domiciliaria es un acto personal, y como tal, debe concretizarse en una determinada persona o ente jurídico, dándole así certeza jurídica al gobernado. SEÑALAR EL OBJETO, FINALIDAD O PROPÓSITO DE LA VISITA La obligación de señalar el objeto de la visita domiciliaria debe ser clara y precisa. LEVANTAR ACTAS CIRCUNTANCIADAS Las actas de visitas que elabore la autoridad fiscal deberán estar debidamente circunstanciadas, en numerosos criterios jurisprudenciales lo han definido como: Circunstancia, que se refiere a explicar con toda menudencia sin omitir alguna circunstancia o particularidad.

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Con el propósito de que el contribuyente pueda dar fiel cumplimiento a las obligaciones que emanan del Código Fiscal de la Federación (CFF), respecto de la actividad económica que realizan, las autoridades están obligadas a: 1. Sobre el particular es preciso acotar que dichas resoluciones que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.

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